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Lunes día 21 de octubre de 2013, 20:00 h.

Segunda conferencia:

SERRANO SUÑER. MINISTRO DE INTERIOR Y MINISTRO DE GOBERNACIÓN.

Por D. Pío Moa. (ver biografía)
Periodista e historiador y analista político..

 Serrano Suñer, ministro del Interior y de Gobernación
Serrano Súñer fue ministro del Interior o de Gobernación, que son dos nombres para lo mismo, entre enero de 1938 y mayo de 1941. Una de las misiones principales de dicho ministerio es el orden público mediante la policía, aunque en el primer gobierno de Franco esa misión quedó al principio adscrita a otro ministerio, llamado precisamente de Orden Público. Por esa razón Serrano Súñer ha sido acusado de la represión de entonces contra los enemigos del régimen, en particular del gran número de fusilados. Él mismo respondió a dichas acusaciones en un capítulo de sus memorias donde recordaba cómo los juicios y sentencias al respecto no correspondían al gobierno, sino a determinados tribunales, en especial los militares. Al mismo tiempo exponía su desacuerdo con un fundamento legal de la represión, que caracteriza como una “justicia al revés”, por aplicación al revés del Código de Justicia Militar, al declarar delito de rebelión la resistencia a los nacionales. Esta aplicación de la justicia resultaría falsa, ya que los verdaderos rebeldes, aunque su rebeldía estuviera justificada, serían quienes se habían alzado en armas en julio de 1936. Y no podían ser considerados tales, jurídicamente quienes obedecían al Gobierno "constituido". Esta aplicación del delito de rebelión ha sido también muy criticada desde la izquierda, suponiendo que las sentencias correspondientes carecerían de valor jurídico. Creo, sin embargo, que Serrano está aquí acertado solo a medias, y la impresión resultante es de cierta insuficiencia en el análisis que justifica bastante de la argumentación antifranquista.

Empezaré por esta cuestión, sin entrar en las alternativas, quizá acertadas pero nunca aplicadas, propuestas por Serrano Súñer. Porque el problema no atañe solo a las formalidades jurídicas (que también se saltaron los procesos de Núremberg, por poner otro caso), sino también al carácter del Frente Popular y al sentido de la guerra y la posguerra, que en definitiva es también el centro de la personalidad histórica de Serrano. Sin duda el delito de rebelión permitía una represión un tanto difusa y en cierta medida arbitraria, pero la situación de la época me parece más complicada de lo que sugiere este aserto. Ciertamente, la rebelión de julio del 36 correspondió a los nacionales, pero, a su vez, ¿podían considerarse legales o legítimos, aunque fuese de modo puramente formal, los gobiernos salidos de las elecciones de 1936? Serrano Súñer justifica la rebelión de los nacionales, pero al mismo tiempo parece aceptar la legalidad formal del Frente Popular, y creo que no es el caso. Se trata de un asunto clave y vale la pena examinarlo más a fondo.

Suele afirmarse que el poder del Frente Popular salió de unas elecciones normales y democráticas en febrero de 1936. Este es un punto esencial, por no decir el esencial, en el argumentario de las izquierdas para condenar incondicionalmente la rebelión de julio. Ahora bien, vista en detalle, tal pretensión no se sostiene. En primer lugar, fueron unas elecciones disputadas entre quienes habían asaltado violentamente la república en octubre de 1934, apenas dieciséis meses antes, y quienes la habían defendido. Los rebeldes vencidos en el 34 llegaban al 36 con ansias indisimuladas de revancha, de aplastamiento definitivo de la derecha, y manifestaban su decisión de no acatar las urnas si les eran desfavorables, como ya habían hecho en las elecciones de noviembre del 33. En consecuencia, la campaña electoral cobró una extrema virulencia entre odios desatados. Unos comicios en semejante clima no pueden considerarse normales. En segundo lugar, el recuento de votos se produjo en medio de coacciones, como observa Azaña: "Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines". Los gobernadores eran los encargados de velar por la pureza del escrutinio. Alcalá-Zamora señala en sus memorias rescatadas hace unos años: "Manuel Becerra (...) conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% menos las actas, cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis”. Es decir, los escrutinios se habían hecho sin garantía en muchos lugares, con las turbas en la calle ocupando edificios públicos e imponiendo las autoridades condenadas por su rebelión de 1934

Las ilegalidades continuaron: el gobierno de Portela debía presidir la segunda vuelta electoral, pero huyó prácticamente tras entregar el poder al Frente Popular y fue este quien organizó dicha segunda vuelta. Azaña declaró que el poder ya no saldría de manos de las izquierdas, y estas, algo después, erigiéndose en juez y parte en las Cortes, despojaron a la derecha de gran número de sus escaños parlamentarios y emplearon abiertamente el terror en Granada y sobre todo en Cuenca, donde se repitieron los comicios. El mismo presidente de la república, Alcalá-Zamora, cuya insensatez había allanado a la izquierda el camino al poder, fue expulsado ilegalmente de su cargo por sus beneficiados. Por otra parte, nunca se publicaron resultados fidedignos de las votaciones, con lo que los historiadores han especulado durante años sobre el número de votantes de izquierda y derecha, con discrepancias de más de un millón. Hoy tiende a suponerse un empate, aunque es difícil saberlo, pues el ambiente coactivo dificulta valorar las cifras. Y de todas formas es históricamente irrelevante.

En suma, quien presente aquellas elecciones como democráticas revela que él mismo no es demócrata. Desde el punto de vista histórico, se trató de un segundo asalto de las izquierdas a la república, ganando esta vez mediante elecciones fraudulentas. Por ello los gobiernos derivados podían considerarse a su vez rebeldes a la república, de modo similar a como Hitler lo fue con respecto al régimen de Weimar, pese a haber alcanzado el poder de modo más legal que el Frente Popular en España. Una cuestión del mayor relieve es la fecha del derrumbe de la república. No fue abril de 1939, ni julio del 36 con el reparto de armas a los sindicatos, como yo mismo he sostenido. Hoy me parece claro que la II República naufragó en febrero de 1936, con aquel asalto electoral a su legalidad, después del asalto armado intentado por los mismos en octubre del 34. Que los destructores efectivos de aquel régimen pasaran luego por republicanos para explotar políticamente una supuesta legitimidad, no pasa de ser un fraude apoyado en otro, aun si lo dan por bueno infinidad de historiadores y comentaristas, de derecha y de izquierda. Lo cual indica en qué grado ha llegado a tergiversarse y malinterpretarse la guerra de España, uno de los episodios del siglo XX sobre el que más se ha mentido, decía el historiador inglés Paul Johnson. Por tanto, no suena tan absurdo adjudicar el delito de rebelión a quienes así destruyeron la legalidad republicana, máxime cuando el alzamiento de julio del 36 se amparó al principio en la bandera de la república.

También se ha acusado a los militares sublevados una pretendida traición al juramento de lealtad a la república. Aquel juramento era, desde el 16 de febrero, de lealtad a la nada. Lo que vino tras las elecciones fue un nuevo régimen. Stanley Payne y otros historiadores lo han llamado III República. Pero no llegó a estabilizarse, por lo que el término me parece en parte inexacto. Duró solo tres años y podría llamarse régimen rojo, revolucionario o frentepopulista. En él se sucedieron las luchas por el poder, y los comunistas alcanzaron clara hegemonía, aunque no total dominio.

La destrucción de la legalidad republicana merece atención especial, porque en ella radica la clave del conflicto bélico, casi siempre olvidada por los analistas. En toda sociedad humana proliferan y pugnan intereses, aspiraciones, sentimientos y resentimientos diversos y a menudo opuestos. Para impedir la disgregación social en choques generalizados existen las leyes. Estas, mientras no sean abierta y gravemente vulneradas, permiten un equilibrio social, si bien nunca muy estable. Por desgracia, la izquierda en España nunca lo entendió. Era una izquierda agresivamente utópica, convencida de que debía erradicar a la Iglesia y, en general, a la derecha. Suele olvidarse que la república nació de la iniciativa de conservadores como Miguel Maura y Alcalá-Zamora, y llegó mediante un autogolpe monárquico. Pero tomó enseguida un sesgo izquierdista, con una Constitución solo a medias democrática, disminuida aún por la Ley de Defensa de la República. Para aquella izquierda, la democracia consistía en que mandase ella, aunque fuera vulnerando sus propias leyes. Por eso cuando, después de haber fracasado ruidosamente en sus reformas y encontrarse con que una amplia mayoría votaba a las derechas en noviembre de 1933, rechazó el veredicto popular. Los republicanos de izquierda intentaron el golpe de estado, Azaña por dos veces; la Esquerra catalana se declaró en pie de guerra; y, sobre todo, el PSOE, partido decisivo de aquel régimen, organizó la insurrección para instaurar su dictadura, que llamaba del proletariado. Y la organizó, textualmente, como guerra civil, según he documentado en Los orígenes de la Guerra Civil. Acción coherente con su marxismo, la ideología más totalitaria del siglo XX. Y aún presente en el PSOE, que tampoco ha realizado el menor examen crítico de su trayectoria histórica. No hace mucho Zapatero reivindicó entre aplausos de los suyos todo el historial del PSOE, tan a menudo terrorista.

Y esta es la verdadera causa de la guerra: cuando cae por tierra la legalidad que debe admitir y controlar la diversidad de intereses y tendencias de una sociedad, ocurre el enfrentamiento radical o el aplastamiento de alguna de las tendencias. Y a aplastar a la derecha se dirigió la actividad del Frente Popular después de las elecciones. No me extenderé aquí al respecto. La CEDA, mayor partido de la derecha, quedó moralmente anonadada hasta el punto de reconocer el supuesto resultado electoral, con la esperanza de que Azaña, también supuestamente moderado, contuviese a los más extremistas. Esperanza vana. En los meses siguientes se produjo un desplome de la economía y aumento de la miseria y, sobre todo, un proceso revolucionario de gran violencia, culminado en el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo. La legalidad que Serrano parece aceptar, aunque sea muy formalmente, estaba completamente arrasada.

Un nuevo fraude histórico también muy difundido pretende que el Frente Popular defendía también la democracia. Sobre la imaginaria democracia de aquellas izquierdas baste considerar los integrantes, de hecho o de derecho, del Frente Popular: marxistas radicales del PSOE, stalinistas del PCE, anarquistas que se habían sublevado a menudo contra la república, y en segundo plano republicanos golpistas como Azaña, separatistas catalanes también golpistas, y separatistas vascos imbuidos de un racismo grotesco. Esa alianza inestable daría lugar a persecuciones, asesinatos y hasta guerra civil entre sus componentes, pero desde luego resultaba tan democrática como Hitler protector de los judíos. La tendencia dominante en aquel conjunto era totalitaria. Después de la traumática experiencia republicana, apenas quedaban demócratas en España. Los que hubiera nunca harían oposición real al franquismo y aún hoy parece haber pocos, según comprobamos por las derivas del sistema político actual.
En los hechos, el Frente Popular no solo arrasó la legalidad republicana y destrozó la economía, y constituyó una amenaza directa a la permanencia de la nación española y de la cultura cristiana. Sobre la guerra ha habido multitud de interpretaciones, casi todas embrolladas y poco relevantes, en partir las basadas en la lucha de clases, adoptadas también por gran parte de la derecha. Esencialmente la guerra opuso a quienes querían mantener la unidad de España y la cultura cristiana, contra quienes aspiraban a destruir ambas como base para instalar algún tipo de revolución que utópicamente emanciparía a los hombres de sus trabas ancestrales. Quiero insistir en lo de la destrucción de la nación española, pues no por casualidad las izquierdas y los separatistas fueron juntos, aun si saboteándose mutuamente. Y aunque bastantes izquierdistas deseaban la unidad nacional, el ambiente predominante lo describe bien Azaña: "Lo que me ha dado un hachazo terrible es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se han aprovechado para que cada cual tire por su lado".

En definitiva, la lucha entre los partidarios de la continuidad de la nación española y de la Iglesia, y los enemigos de ambas fue el contenido central de la guerra, distorsionado por los ideólogos como lucha de clases. Dentro de la contienda entra el capítulo de la represión y los crímenes, su capítulo más siniestro, pero importa señalar un punto clave de la propaganda izquierdista: según ella, la represión realizada por el Frente Popular constituyó una respuesta brutal, pero en cierto sentido justificable, al violento golpe de los nacionales. El argumento tiene cierto valor, porque a quien se ve mortalmente agredido no puede exigírsele una conducta exquisita en su reacción de defensa. Ahora bien, en la historia real fueron las izquierdas quienes comenzaron los asesinatos sistemáticos, primero en octubre del 34 en Asturias y Cataluña, y luego como cortejo del proceso revolucionario desde las elecciones del 36. Por no hablar de la violenta injuria a los sentimientos de millones de personas iniciada con la quema de templos, bibliotecas y escuelas apenas instaurada la república. Cuando se olvidan estos datos, la guerra parece una especie de ataque de locura colectivo causado por un supuesto carácter cainita atribuido a los españoles y así la presentan y creen muchos. Lo del carácter cainita hispano solo revela la simpleza o ignorancia de quienes desconocen la historia de otros países, pero el tópico ha arraigado, apoyado en la célebre pintura de Goya. A cuántas jeremiadas pueriles ha dado lugar esa imagen.

Y unas palabras sobre las cifras de la represión. La ley de memoria histórica, otro fraude totalitario más, ha alumbrado muchas nuevas falsificaciones, cifrando los fusilamientos en 200.000, 130.000, 80.000, etc., permitiendo a un tendencioso historiador inglés hablar de un “holocausto”. Ramón Salas Larrazábal ha estimado, más razonablemente, en unas 50.000 las condenas a muerte, con ejecución de la mitad, conmutándose las restantes por cadena perpetua, una perpetua que no solía pasar de seis años. Pues bien, se han descubierto o abierto recientemente los archivos de las condenas capitales remitidas a Franco para que diese el enterado o las conmutase. El trabajo de investigación está en sus inicios, pero ya sabemos que el total de las condenas asciende a de 22.000, de las cuales habrían sido conmutadas en torno a la mitad. Y para poner las cosas en su contexto, conviene recordar tres cosas: que una gran parte de los ejecutados era culpable de crímenes a menudo espantosos; que su ejecución fue precedida de juicio, desde luego mucho más garantista que los juicios de los llamados “tribunales populares” del Frente Popular; y que las represiones de la posguerra mundial en otros países europeos, como Francia o Italia, no digamos Alemania o los países del este, por entonces modelo para gran parte de la izquierda española, fueron mucho más mortíferas y en la mayor parte de los casos por simple asesinato sin juicio.
Y con esto volvemos al tema de la rebelión. La idea de encausar a los miembros del Frente Popular como rebeldes no es, pues, tan disparatada como parecería a primera vista, pero evidentemente tampoco refleja del todo la realidad. Pues si el alzamiento fue una rebelión contra los rebeldes, y comenzó con los colores republicanos, los mismos fueron abandonados muy pronto. En efecto, la república del 14 de abril, con sus sectarismos, su pobreza y sus violencias, no era popular entre los sublevados, que consideraron su legalidad como una vía abierta a la revolución marxista. Era preciso, pues, crear algo nuevo, que evitara las lacras de la vieja sociedad, tan denunciadas por unos y otros, y fue probablemente Serrano Súñer quien lo vio con mayor claridad.

Aunque no entra en el tema de esta conferencia, y otros lo explicarán con más detalle, debo señalar brevemente un gran logro de Serrano Suñer previo al primer gobierno de Franco: su contribución a la unificación de Falange y Tradicionalismo, que se ampliaría, al menos nominalmente, a todas las fuerzas políticas de su bando en el Movimiento Nacional. Aquella unidad desnaturalizaba en parte a los partidos o tendencias componentes, pero cumplió una función muy importante para la victoria de los nacionales, como Franco supo apreciar. Uno de los principales problemas que hubieron de encarar los dos contendientes en la guerra fue la unidad o armonización de las diversas fuerzas políticas en su seno, a fin de mantener la disciplina necesaria y evitar la disgregación. Franco, con ayuda inestimable de su cuñado, lo consiguió sin excesiva dificultad ni apenas derramamiento de sangre, mientras que en el Frente Popular las luchas internas ocasionaron persecuciones y enfrentamientos armados en su seno, sin conseguir nunca plenamente su objetivo. Siendo esta una de las causas de su derrota.

Dentro de la Falange, los sectores más puristas sintieron que el Decreto de Unificación desvirtuaba sus ideales y dejaba pendiente sus aspiraciones revolucionarias, lo que generó inquina contra Serrano, a quien recordaban su procedencia de la CEDA. Pero se trataba de una crítica irrealista. La Falange no era la única ni la más importante fuerza del bando nacional, y no podía soñar en imponerse sino a costa de provocar graves choques internos. A su lado estaban los monárquicos tradicionalistas o alfonsinos, y el grueso de la Iglesia y del ejército, más potentes y con sus propios puntos de vista, más conservadores. Desde el primer momento, Franco buscó equilibrar aquellas fuerzas o “familias”, y lo consiguió con éxito sorprendente durante el resto de su vida. Significativamente, en su primer gobierno la Falange solo tuvo tres carteras, Interior, Acción sindical y Agricultura, con solo la tercera para un camisa vieja.

Serrano, en cambio, pensaba seriamente en ir forjando poco a poco un Estado de derecho basado en principios falangistas o nacional sindicalista, cuyo modelo aproximado podría ser el fascismo italiano. Su actividad como ministro se orientó en tres direcciones principales: institucionalización jurídica del nuevo régimen, recuperación económica de las regiones devastadas por la guerra, y formación de una nueva élite intelectual. Cuando consiguió incorporarse a la zona nacional, en febrero de 1937, encontró con unos organismos de gobierno embrionarios y sin fundamentos jurídicos claros, un estado campamental, como él diría, pues casi toda la atención estaba concentrada en las necesidades bélicas. Enseguida entendió la necesidad de dotarlo de solidez institucional y, más allá de eso, de una doctrina capaz de sustentarlo y asegurarle el futuro. Los años 30 pueden describirse como época de crisis profunda de las democracias liberales, atacadas desde la I Guerra Mundial por las ideologías comunista y fascista, y en la citada década por una larga depresión económica. En la inmensa Rusia había triunfado el comunismo y, en parte como respuesta a la agitación política de izquierda, en muchos países de Europa se habían instalado regímenes autoritarios. Las propias Usa e Inglaterra hubieron de adoptar políticas poco acordes con algunos principios liberales, básicamente mayores reglamentaciones económicas y expansión del estado.

España sufría el proceso general de la época, con muchas particularidades. Había soportado una república caótica y luego el proceso revolucionario del Frente Popular, desembocado en la guerra civil. Después de tales experiencias, prácticamente no quedaban en el país demócratas liberales y muchos habían llegado a la conclusión de que, en las condiciones de España al menos, la democracia liberal abría el camino a la revolución totalitaria de izquierdas, como en parte había sucedido. Desde el punto de vista de Serrano, compartido más o menos por el resto de los nacionales, el nuevo régimen debía superar tanto el sistema demoliberal como el comunista, y el modelo entonces más prestigioso era el del fascismo italiano. Este, al que se ha definido como políticamente conservador-autoritario, culturalmente liberal y económicamente socializante, gozaba de considerable prestigio incluso en medios liberal-conservadores de Europa, por haber acabado con la agitación revolucionaria y garantizado cierto progreso material, aunque sus aspiraciones imperiales suscitaban recelos y sus espectaculares actos de masas y apelaciones violentas causaban cierta inquietud o irrisión, según los casos. La propaganda comunista ha logrado identificarlo con el nacionalsocialismo alemán, con el que tenía ciertas semejanzas –como las tenía el propio comunismo—pero también con diferencias muy notables. En particular, el fascismo había derramado muy poca sangre y carecía del fanatismo racista de los nazis. Es cierto que tampoco estos habían perpetrado todavía los genocidios que luego realizarían en la II Guerra Mundial. Por aquellas fechas, el régimen de hitleriano podía ostentar, pese a su dureza a menudo brutal, unos éxitos económicos casi increíbles en medio de la depresión mundial; la paz pública, tan continuamente alterada durante la república de Weimar; y la total derrota de la amenaza comunista. Cosas todas ellas muy sugestivas para los prohombres del banco nacional.

La institucionalización del régimen empezó por la primera de sus leyes fundamentales, el Fuero del Trabajo, preparado por el ministro de Acción Sindical, González Bueno, y por el propio Serrano, con cierta inspiración en la Carta del Lavoro italiana. El Fuero establecía principios como el derecho al trabajo, al descanso, a vacaciones retribuidas, a un salario mínimo y a un subsidio familiar en caso necesario, protección contra despidos arbitrarios y desahucios, facilidades para el acceso a la propiedad del hogar, etc., en la idea de que el trabajo no debía considerarse una mercancía y que la actividad económica, aunque de propiedad privada, debía supeditarse al interés general marcado por el estado, con posibilidad, por parte de este, de intervención y sustitución de la iniciativa particular en caso necesario. Pero no llegaba a ser totalitaria, por cuanto no ponía la economía en manos del estado. Esta ley marcó el origen de la Seguridad Social y de los sindicatos llamados verticales donde se agruparían empresarios y asalariados. Es significativo que esta fuera la primera de las leyes fundamentales del régimen, posiblemente como respuesta a la propaganda roja, que presentaba a los nacionales como explotadores, enemigos e incluso exterminadores de los obreros. Esa propaganda influyó bastante para sostener la lucha en el Frente Popular, pero menos de la que se cree. Abundan los testimonios del poco esfuerzo de los obreros y campesinos de la zona izquierdista por sostener su presunta causa; y para asegurar la disciplina militar, los reglamentos llegaron a adquirir rasgos terroristas.

Comparada con las demagogias extremistas del Frente Popular, esta ley marcó sin duda una posibilidad y comienzo de realizaciones concretas en conjunto muy positivas para los trabajadores. También superó las críticas, no siempre infundadas, que achacaban a los elementos conservadores la intención de seguir, en este terreno, como antes de la dictadura de Primo de Rivera, predicando la resignación cristiana a los de abajo y las obras de caridad a los de arriba. Con la perspectiva de hoy, el Fuero ha sido muy criticado por intervencionista y estatalista o socializante. Estos fallos debían haber causado el estancamiento económico, pero lo cierto es que no lo causaron, pues la economía se recompuso y prosperó ya en los años 40, pese a las enormes dificultades de la guerra mundial y luego del injusto aislamiento. Por no hablar de los años 50 y luego de los 60-70, cuando la economía española creció a un ritmo solo superado por Japón y Corea del Sur. No es el objeto de esta conferencia examinar a fondo este problema teórico-práctico, sino solo señalarlo.

Punto muy importante del proyecto de Serrano fue la creación del Instituto de Estudios Políticos, con la misión de fundamentar teóricamente la nueva situación frente al marxismo y al liberalismo, o, en palabras del propio ministro, como “institución de primer rango al servicio de un posible y decoroso proyecto de explicación doctrinal del Régimen”. Este proyecto, en el que trabajarían personajes del relieve de Ramón Carande, Melchor Fernández Almagro o José Antonio Maravall, produjo obras de gran interés, pero fracasó en su objetivo fundamental, pues, continúa Serrano, “como puede verse repasando la colección de la revista de ese centro que no contiene ni un solo trabajo de apoyo o sostén sobre el que montar una articulación teórica seria del ejercicio del poder”. Esta sería una de las causas por las que el régimen no pudo continuar después de Franco. Su ideología quedaría como una amalgama pragmática y poco definida de patriotismo, tradicionalismo y catolicismo, con incrustaciones importantes de falangismo; posiblemente en ese carácter ecléctico y pragmático radique el secreto de su larga duración. Su mayor puntal, sobre todo después de 1945, sería el catolicismo, y por eso el régimen entraría en crisis irreversible cuando la Iglesia, la mayor parte de ella, le retiró su apoyo después del Concilio Vaticano II, fortaleciendo de paso al comunismo, los separatismos e incluso al terrorismo.

Aquí entramos en otro fracaso, este a medias, de los proyectos intelectuales auspiciados por Serrano Súñer: el de la revista Escorial, enfocada como instrumento intelectual del régimen pero con aspiración a recuperar a escritores del otro bando o del exilio. El proyecto congregó a bastantes de los mejores intelectuales españoles de la época, falangistas y liberales principalmente, pero funcionó al margen del gobierno, que no los prohijó, y chocando con el sectarismo de la mayoría de los exiliados, máxime cuando estos creyeron atisbar la revancha hacia el final de la II Guerra Mundial. La revista dejó, sin embargo, un rastro importante. En ella y en el Instituto de Estudios Políticos colaboraron Ridruejo, Menéndez Pidal, Cela, Tovar, Eugenio D´Ors, Torrente Ballester, Laín Entralgo, Aleixandre, Gerardo Diego, Vivanco, Rosales, Foxá, Sánchez Mazas, Eugenio Montes, Aranguren, López Ibor, Agustí, Jesús Pabón, etc. Su fracaso o semifracaso, más que del régimen como sostiene Serrano, fue de la Falange o más propiamente de lo que se ha llamado Falange serranista. El Instituto y la revista Escorial fueron parte de un empeño por reunir una plantilla intelectual de primera fila, no necesariamente falangista pero sí respetuosa, al menos, con sistema establecido, con el deseo de superar los odios de la república, pronto olvidados por la masa de la población. Y en alguna medida lo consiguieron, al menos dentro de España Al margen de estas iniciativas, la vida cultural española siguió adelante por rumbos variados y fructíferos, poco molestados por la censura.

Otro terreno esencial en la actuación del ministro fue la prensa. Siguiendo el equilibrio entre las diversas fuerzas del franquismo, la enseñanza se había atribuido a los monárquicos (el ministro fue Sainz Rodríguez, muy ajeno al ideario falangista) con impronta esencial católica. La Falange, también deseosa de formar a la juventud en sus ideales, quedó un tanto marginada, aunque tuviera una posición importante en la universidad a través del SEU. Por ello Serrano dio importancia especial a la prensa y la radio, correspondientes a su ministerio, convirtiéndolas en instrumento para crear una opinión pública y una cultura popular patrióticas e identificadas con los fines del nuevo Estado. Así, otra ley clave inspirada por él fue la de prensa e imprenta, la cual establecía la censura previa, las consignas a los directores de periódicos y emisoras para que trataran o destacaran tales o cuales temas, el nombramiento de dichos directores por el gobierno a propuesta de las empresas, y la posibilidad de destituirlos si su actitud se juzgaba nociva para los intereses en juego. Quedaban descartadas también la pornografía o el ataque a la institución familiar, tan frecuentes en la república.

Se trataba de una ley muy dirigista, motivada en parte por las circunstancias de la guerra, pero asimismo con intención de corregir la demagogia e hispanofobia desatadas durante la república por la prensa de partidos hasta hacer que “nada nos fuera común a los españoles” como señalaba el diario El Sol. Pese a su anclaje en las circunstancias bélicas, y por tanto su carácter provisional, esta ley permanecería hasta 1966, en que fue derogada y sustituida por una nueva ley de prensa elaborada por Fraga Iribarne. Su duración se debió en los primeros quince años a los peligros de la guerra mundial y luego a la amenaza representada por el maquis y por un aislamiento delictivo, impuesto por la URSS y las potencias anglosajonas. Una vez derrotado el aislamiento a mediados de los años 50, la ley continuó en vigor diez años más, un tanto por inercia. La nueva política de prensa se completó con la creación de una Cadena de Prensa del Movimiento en toda España, la fundación de la agencia EFE, que con los años llegaría a convertirse en la cuarta del mundo, y la Escuela Oficial de Periodismo, para formar periodistas técnicamente capacitados e ideológicamente afectos a los valores y doctrinas oficiales.

Naturalmente, aquella concepción del papel de la prensa permitía una gran arbitrariedad desde el poder y se supone, y suele ser así, que la libertad y la competencia entre las empresas debe elevar el nivel intelectual y profesional de los medios de masas. Claro que esa elevación no siempre ocurre. Así, en los medios de comunicación actuales, en principio muy libres, rara vez encontramos un alto grado de profesionalidad o de análisis, y su información resulta con frecuencia sesgada, poco fiable y sometida a censuras varias, así como a la influencia de intereses financieros particulares. Por no mencionar fenómenos tan llamativos como la entrada de la mayoría de los periódicos en el negocio de la prostitución, a través de la publicidad. En las mayores televisiones, la competencia no ha elevado su nivel, más bien lo ha convertido en una carrera por ver cual introduce más material del denominado basura. Tales condiciones difícilmente pueden crear la opinión pública culta y bien informada que parece necesaria para un correcto funcionamiento de la democracia. Señalo estos hechos, no porque aquella ley de 1938, hija de unas circunstancias particulares, me parezca hoy conveniente o aceptable, o simplemente aplicable, sino por la dificultad de criticarla desde la realidad actual de la prensa y otros medios, tan penosa en muchos aspectos. Aquí me contento, nuevamente, con mencionar el problema, que precisaría un tratamiento en profundidad.

Desde el ministerio, y sobre todo al compás de las grandes victorias alemanas en la primera fase de la guerra europea, la prensa adquiriría un tono pro nacionalsocialista, fomentando una opinión favorable incluso a la beligerancia española. Pero, por otra parte, el control de la prensa por la Falange distaba de ser un monopolio. Desde muy pronto abundaron roces serios con la prensa católica. Cierto grado de encontronazo se hacía inevitable, porque la tendencia falangista era más neutra en religión, adversa a un estado confesional, más libre en relación con el divorcio o la moral sexual, y más pro fascista y pro alemana --recordemos, nuevamente, que todavía no habían tenido lugar los crímenes masivos nazis--. Los obispos simpatizaban poco con el fascismo y menos todavía con Hitler, contra quien Pío XI había escrito su carta encíclica Mit Brennender Sorge, censurada en España por buenas razones políticas. Las ideas falangistas, tachadas a veces de paganas o demasiado izquierdistas, eran miradas con distanciamiento, a veces con hostilidad, también por los monárquicos carlistas y alfonsinos, y por gran parte del generalato.

La pugna entre el ministerio y la prensa católica comenzó enseguida, como explica José Andrés-Gallego en su libro ¿Fascismo o Estado católico?, con precedentes en las tensiones entre falangistas y carlistas por el control del semanario infantil Pelayos y La Voz de España, de San Sebastián. Fue prohibida la reaparición del diario El Debate, periódico estrella de la ACNdP, aunque se permitió el Ya, pero con orientación algo distinta de la original, y se favoreció a la prensa del Movimiento a expensas de la católica. La censura falangista dificultaba muchas exposiciones y libros de origen eclesial, hasta impedir en 1940 la información sobre primera encíclica de Pío XII y provocar una frontal reacción del cardenal Segura. Las disputas entre el ministerio y la jerarquía eclesiástica menudearon durante cuatro años, hasta que Franco zanjó el conflicto a favor de la Iglesia. En mayo de 1941, el ministerio de Gobernación pasó a manos de Valentín Galarza, un militar monárquico, aunque formalmente afiliado a la Falange. Galarza fue recibido con hostilidad por los falangistas, no sin razón, pues se aplicó a despedir al personal nombrado por el anterior ministro, en su mayoría proalemán. Ello no significó el fin de la carrera de Serrano, pues le fue encomendada la cartera de Asuntos Exteriores, vital en aquellos momentos. Así, en momentos de grandes victorias alemanas, Franco encargaba la política exterior a un ministro por entonces resueltamente germanófilo, mientras que en Gobernación contenía esa influencia. Y quedaba de relieve, nuevamente, cómo la Falange y su ideología eran componentes sin duda importantes del régimen, pero no las más importantes. En sus encontronazos con otras fuerzas casi siempre llevarían las de perder.

Entre otros éxitos importantes del ministerio de Serrano Súñer, destacan la atención a las regiones devastadas, más devastadas a menudo por los desastrosos experimentos revolucionarios que por la guerra misma; el socorro a las depauperadas poblaciones de los territorios recientemente conquistados, o la beneficencia. Los objetivos se alcanzaron razonablemente dentro de las dificilísimas condiciones de la posguerra, agravadas en 1940 y 1941 por la contienda europea y el semiboicot inglés. Mención especial merece la creación de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos, una iniciativa original que iba a hacer de los invidentes españoles posiblemente los mejor tratados del mundo, acabando con su dependencia de la mendicidad.

Haciendo un balance de éxitos y frustraciones, el ministerio de Serrano Súñer en sus escasos tres años y medio puede calificarse de sobresaliente. Algunas de las medidas auspiciadas por él, como el Fuero del Trabajo, fueron un eje importante y duradero del franquismo; la Agencia Efe y la Escuela de Periodismo, luego transformada en Facultad, perviven hasta hoy; su labor de beneficencia, destacadamente la ONCE y el Auxilio social, fue máxime en tan arduas circunstancias. También cabe atribuirle el mérito de impulsar una actividad intelectual de gran aliento y el acercamiento, aun si no logrado, a los escritores del bando contrario, con vistas a enriquecer la vida cultural del país (“Falange liberal” han llamado algunos historiadores a su tendencia).

Pero en un sentido más limitado en el tiempo y más personal, puede hablarse de fracaso, y él lo sentirá así. Algunas causas de ese fracaso ya han sido mencionadas. La más importante fue sin duda la debilidad relativa de la Falange dentro de las fuerzas nacionales. Este partido llegaba con unos propósitos considerados revolucionarios, de cambiar la base económica y la ideología del país, ideario mal acogido por el conservadurismo, a menudo extremo, de la jerarquía eclesiástica, de la jerarquía militar y de los monárquicos. Todos ellos partían de la traumática experiencia republicana y frentepopulista, y miraban con enorme recelo los atisbos de obrerismo y sindicalismo en la Falange, como posibilidades de una repetición de la historia. De ahí que los falangistas fueran a veces tildados de rojos y de católicos dudosos. Pero aun sin estos rasgos y a pesar de la unificación en el Movimiento, el régimen era plural, en él bullían tendencias diversas, cada una de las cuales aspiraba a la hegemonía, o al menos a no perder terreno. Y este mero hecho situaba a la Falange en inferioridad, que no lo pareció por un breve período de exaltación postbélica y de triunfos alemanes en la guerra de Europa. Las demás familias del régimen, de hecho una especie de partidos en los que no faltaba cierta anglofilia, no estaban dispuestas a ceder terreno. Serrano, consciente de estos obstáculos intentó superarlos con tenaz empeño, pero al final se vio superado.

Para complicar las cosas, no toda la Falange estaba de su parte. Muchos camisas viejas encontraban a su jefe poco revolucionario, dispuesto a acoplarse a con la reacción clerical y monárquica, le echaban en cara su procedencia gilrroblista y la desvirtuación de la pureza falangista mediante el Decreto de Unificación, y negaban su reclamación de la herencia política de José Antonio. Otra tendencia, personificada en el posterior ministro Arrese, a quien Serrano detestaba de modo especial, buscaba la estrecha colaboración con las demás fuerzas políticas, pese a su purismo falangista de primera hora. Por lo tanto, Serrano hubo de bregar también con otros importantes cargos falangistas, por motivos en los que se mezclaban la política y los personalismos, y ello reducía mucho su margen de maniobra, que decisivamente de su proximidad a Franco.

Y esa cercanía política y familiar al Caudillo sería un arma de dos filos, pues si por un lado le daba influencia, por otro se convertía en un instrumento de sus enemigos para minar su posición, achacada a nepotismo y no a sus méritos. En realidad, Serrano Súñer tenía una personalidad acusada y era probablemente el político más brillante y con más ideas e iniciativas del entorno de Franco, unas cualidades que tampoco le ayudarían mucho, pues hacían que contra él se mezclasen la envidia a la rivalidad. Sus adversarios consiguieron hacerle impopular tanto en círculos del poder como entre gente común.

Y había, finalmente, discrepancias esenciales entre la concepción política de Franco y la de su cuñado. Este, como la Falange, era fascista, y lo digo en sentido técnico, no peyorativo. La Falange tenía sin duda un peso excesivo de catolicismo para ser considerada puramente fascista, pero era lo más aproximado a ese movimiento en España, y así identificado en el exterior. En aquellos tiempos de amenaza comunista y de crisis profunda de los sistemas más o menos liberales, no resultaba innatural la atracción por el fascismo, y esa, con los matices que quieran dársele, fue la opción de Serrano Súñer, muy germanófilo también por entonces. Él aspiraba a convertir a la Falange en un verdadero partido único que aplicase el programa nacionalsindicalista de José Antonio. Franco, en cambio, nunca siguió esa vía, en el fondo ajena a su carácter y concepciones. Para él, la Falange era solo una familia más del régimen, cuya misión sería dotar a este de un contenido social frente a los conservadurismos excesivos de otras, ocuparse ante todo de los sindicatos y de la propaganda patriótica a través de la prensa (parte de ella) y de la Formación del Espíritu Nacional en la enseñanza. Pero nunca le permitiría organizar una economía sindicalista, ni nacionalizar la banca, ni prevalecer sobre las demás familias. Es posible que le hiciesen vacilar las extraordinarias victorias alemanas de 1940, que parecían inaugurar un nuevo orden europeo del que sería peligroso marginarse. Pero si vaciló, fue por poco tiempo. Obviamente, ni él era fascista ni tampoco su régimen, tomado en conjunto.

La animosidad contra Serrano dentro de los círculos franquistas no hizo sino crecer con el fracaso alemán en la batalla de Inglaterra y sobre todo cuando la invasión de la URSS fue repelida ante Moscú a finales de 1941. Llegado un momento, Franco debió ceder a las presiones de sus otros políticos y consejeros, entre ellos el mismo Carrero Blanco, y decidió prescindir de los servicios políticos de su cuñado. Para Franco era esencial el equilibrio entre las fuerzas del régimen, y a ese equilibrio estaba dispuesto a sacrificar incluso a un hombre que tan destacados servicios había rendido, aparte de serle tan próximo familiarmente. Serrano guardaría resentimiento, bien visible en sus memorias, hacia el Caudillo, a quien pinta a veces como una especie de chisgarabís. Desde luego se equivocaba, como todos los que han querido minusvalorarle.

Para terminar, una anécdota conocida y muy significativa. Poco después de terminar la guerra mundial, en medio del temor, que en algunos llegaba al pánico, ante la amenaza de destrucción del franquismo por los Aliados, Serrano escribió a Franco proponiéndole medidas de salvación, la principal de las cuales consistiría en licenciar a la Falange, por ser esta el objeto de la mayor animadversión entre los nuevos poderes europeos. A cambio proponía un gobierno capaz, supuestamente, de contentar a los amenazantes vencedores de Hitler, que incluiría a “la zona templada de la izquierda”, con “hombres eminentes” como algunos monárquicos, Cambó, Ortega o Marañón. Serrano da la impresión de haber perdido un poco los nervios, pero Franco permaneció en calma. Mantuvo la Falange, lo que no dejaba de constituir un desafío a los nuevos amos de Europa, retuvo la lealtad de los suyos, hizo algunas concesiones secundarias al exterior, definió su régimen como católico e intensificó su labor diplomática, sobre todo con el Vaticano, rechazó las maniobras de Don Juan y se aprestó a aplastar al maquis. Y venció en todos esos frentes. No pudo evitar el aislamiento internacional, pero también terminaría por derrotarlo. No, no se puede juzgar a Franco por los disgustos de Serrano, aunque va siendo hora también de que al que fue ministro del Interior y de Gobernación se le reconozcan sus notables méritos históricos, en lugar de despacharlo como suele hacerse como fascista, dando a la palabra un contenido meramente denigratorio.

 

 

 

 

 

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