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Libros Jurídicos

DICTÁMENES Y RECURSOS DE CASACIÓN CIVIL

Tomo I

PALABRAS DE JUSTIFICACIÓN

Este libro ve la luz en época de oscuras perspectivas para el Derecho, tanto como disciplina como en cuanto instrumento de realización de los valores sociales y morales de la Justicia.

            Con un porvenir institucionalmente incierto y confuso, he creído conveniente escribir estas palabras no tan sólo por mi propia –y creo que legítima- satisfacción, sino también, especialmente, para que los jóvenes, de hoy y de mañana, que sientan ilusión por este tan noble y digno oficio de jurista, comprendan que si las normas jurídicas, y el sistema que integran y a que obedecen, se pueden aprender en los tratados científicos, y las fuentes del conocimiento primordiales en los libros de texto, difícilmente se puede extraer de ellos el conocimiento de una técnica y de una manera de vivirlas. No se recogen en aquéllos los casos concretos en su complejidad, ni los métodos de trabajo y de exposición de opinión, recursos, pedimentos, controversias, etc.

            El ejercicio de la profesión de abogado difícilmente puede improvisarse; exige aprendizaje, trabajo, dominio de una técnica rigurosa, si no se quiere rebajar al jurista convirtiéndolo en rábula, traficante o picapleitos.

            (No confundamos: Se está abusando en la actualidad de las palabras técnica y tecnología aplicadas al Derecho; estos conceptos pueden confundirse con los de destreza en el manejo de ficheros –de legislación, de bibliografía, de jurisprudencia- o de sus recientísimos sustitutivos, proporcionados por la informática. Pero, por grande que sea el progreso que estos elementos signifiquen para la organización científica de despachos y tribunales, nunca podrán suplir al bien hacer del Derecho y de la Justicia, que sólo puede tener por agentes a la inteligencia y la conciencia humana.)

            Los jóvenes pueden conocer en trabajos como los que se contienen en este libro, o en otros mejores, aunque de análoga naturaleza, la manera de trabajar hace veinticinco, treinta o cincuenta años atrás.

Claro es que los años no pasan en balde. Cada generación tiene sus problemas, sus especies de conflictos; surgen nuevas ramas del Ordenamiento jurídico. La sociedad en sus estructuras y la economía en su desarrollo suscitan cambios en las relaciones humanas, en las tensiones individuales y colectivas; mutaciones que, en los últimos tiempos, han trascendido a los datos de hecho que maneja el hombre de leyes, incluso anticipándose a las soluciones abstractas que más tarde se formularán oficialmente. Pero esta fluidez del Ordenamiento no resta utilidad didáctica a las piezas forenses de las etapas anteriores; aunque no sea más que por la vía de contraste, acaso podrán recibir instrucción, consejo o experiencia. Cuando el autor de este libro empezó a ejercer tan noble profesión -¡hace ya tantos años!- el centro de gravedad de los grandes despachos de ahogado estaba en las instituciones del Derecho privado: derecho de cosas, de obligaciones, sucesiones, familia, teniendo todo como base y fundamento el Derecho romano.

Con el desmesurado crecimiento de la intervención de la Administración pública, casi todo se convierte en público, y así empezó a introducirse el Derecho administrativo; al principio confuso, desordenado y sin verdadero sistema en la actividad de los Tribunales. Se empezó a construir una nueva rama, no sólo en cuanto al estudio de las normas del más variado carácter inconexo, sino también en lo concerniente a los procedimientos, que originariamente eran múltiples - tantos como Departamentos ministeriales u Organismos más o menos autónomos-, hasta conseguir una Jurisdicción propia y unitaria de control y revisora de la actividad de la Administración pública. De todas maneras, aunque el Derecho administrativo ha sido tributario, y sigue siéndolo, de las grandes construcciones de los civilistas, en ocasiones se ha erigido en vástago muchas veces rebelde y hasta irreverente con su origen dogmático. Es la consecuencia inevitable de aquel excesivo intervencionismo de que hablamos, cada vez más creciente, que se justifica a sí mismo con el señuelo del beneficio social -interest reipublicae-, pero que también puede utilizarse para la opresión social. Digamos finalmente, en este orden de cosas referentes al ejercicio de la profesión de ahogado, que el Derecho penal, sobre todo el Derecho penal económico, ha invadido esferas de actuaciones antes insospechadas, por lo que ya no puede decirse, como en otro tiempo se dijera, que el Derecho civil era el derecho de los ricos y el Derecho penal el de los pobres.

La profesión de ahogado atraviesa, en esta hora, una crisis específica en la que se agudizan todos los síntomas del cambio que se aprecia en la vida social. A los antiguos despachos, cuyo prestigio se cimentó en virtudes y valores de alta cotización intelectual y moral, van sucediendo oficinas gestoras de los grandes negocios, con ramificaciones internacionales, provechos financieros e incentivos políticos; en ocasiones, del más innoble y descarado tráfico de influencia política.

De otra parte, la fe en la Justicia, en la independencia de Poder Judicial, se ve ensombrecida por los intentos de supeditarlo al Ejecutivo. La Magistratura, que durante casi dos siglos ha venido dando en España muchos ejemplos de probidad, de ciencia y de experiencia -incluso de heroísmo-, sufre el acoso de quienes confunden los graves y serios problemas del Estado con las frívolas y pasajeras aspiraciones partidistas. Cuando tal ocurre, la libertad y el derecho de los ciudadanos experimenta la intranquilidad de nuevas facetas de totalitarismo; practicadas, a veces, por quienes ya estuvieron en él y lo sirvieron, y en otras por quienes hicieron bandera política de su destrucción.

(La edad, la experiencia y la reflexión, me han permitido volver sobre algunos pasos de ayer y someterlos, con decoro, lejos de todo indigno oportunismo, a examen crítico.)

La Justicia, exigencia de la razón y la moral, es el tema más importante de toda sociedad organizada. Tanto en el Estado liberal, como en el Estado socialista o en el totalitario, hablar de la libertad sin justicia es mentir.

 

RAMON SERRANO SUÑER
Madrid, 1 de abril de 1985

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